Por Camila Crescimbeni
En América Latina estamos viviendo épocas de intensos desafíos políticos, económicos y sociales producto de la dificultad de garantizar el bienestar sostenido y estable de nuestras poblaciones, y de un sentido de ajenidad y frustración respecto de la promesa y expectativa de igualdad, acceso y desarrollo que la globalización nos había acercado hacia principios del milenio. A pesar de las dificultades que atravesamos en los últimos tiempos, los argentinos han mantenido actitudes responsables, constructivas, y sobre todo, profundamente democráticas y pacíficas. Quienes tenemos responsabilidades de representación deberíamos reflejar en nuestra interacción política ese espíritu de época que nuestro pueblo nos demanda. Es en este sentido, tenemos que analizar la “Ley de solidaridad social y reactivación productiva”, donde se puso en jaque al rol del Congreso como espacio de consensos democráticos.
Desde Juntos por el Cambio afirmamos que queremos ser una oposición constructiva, que apunte al diálogo y al debate genuino de ideas como vector de generación de políticas de Estado que puedan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Para construir, debemos dialogar entre todos los espacios políticos que tenemos responsabilidades institucionales con la Argentina. Pero el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por Diputados y el Senado con mayoría del Frente de Todos y los bloques federales, configura un exceso de delegaciones y facultades extraordinarias de manejo del Estado que anula en gran medida el funcionamiento del Congreso de la Nación. Considerando que más del 40% de los argentinos nos eligió para representarlos, queremos debatir las propuestas respetando y haciendo respetar el mandato popular.
Somos conscientes del frágil estado de la economía y del enorme esfuerzo que hacen las familias argentinas para salir adelante, y nos hacemos cargo. Por eso nos comprometimos a discutir cualquier política que el gobierno solicite, pero no a cualquier costo, porque no nos representamos a nosotros mismos, sino que legislamos para la gente que nos dio su voto de confianza, esperando que finalmente podamos llevar a la Argentina a una senda consensuada de estabilidad, crecimiento y desarrollo. Por eso, dijimos que no al cierre del Congreso.
Celebramos la creación del fondo de integración sociourbana en consonancia con la ley 27.453, propuesta, aprobada y puesta en agenda durante nuestra gestión para urbanizar e integrar los barrios populares de todo el país, tendiente a convertirse en una política de estado. Celebramos que el oficialismo hubiera aceptado nuestra propuesta de eliminar el artículo 85 que permitía discrecionalmente al Ejecutivo reformar todos los organismos descentralizados, a la vez que aceptó incluir nuevas prestaciones en el PMO (Programa Médico Obligatorio), y excluir finalmente del congelamiento al régimen especial para la ley Brisa para víctimas de femicidios, a los docentes y los investigadores, pero lamentamos que las jubilaciones de privilegio no hayan sido motivo de discusión aún mientras que los jubilados del régimen general hayan salido perjudicados por el congelamiento de la movilidad.
Claude Lefort decía que en las democracias contemporáneas el lugar del poder es vacío por definición, es decir, a quienes les toque transitarlo deben saber que son pasajeros efímeros que representan al pueblo pero no lo encarnan completamente, ni son el pueblo. Sin embargo, el dinamismo característico de la democracia puede generar miedo y sensación de desprotección por su propia inestabilidad, de modo que toda democracia engendra su propio peligro: el del fantasma del “Pueblo-Uno”, la pretensión de unos pocos de ser considerados el todo. Desde esta nueva configuración del Congreso y estando aprobada la megaley de emergencia, es imprescindible que el oficialismo haga carne su propuesta inicial de atravesar la grieta y buscar en lo concreto y no solo lo dialéctico la mejora de las políticas públicas a partir de una conversación que no quede silenciada.
La democracia no es una entelequia, es una forma de vida y una vocación que se pone a prueba diariamente. El diálogo real, aquel que busca riqueza en el otro y donde hacer el bien triunfa sobre tener razón, es la única herramienta posible y democrática que sirve para consensuar las políticas que necesitamos para llevar tranquilidad y progreso a la vida de los millones de argentinos. No podemos sucumbir ante el fantasma del “Pueblo-Uno”. Nos definen la democracia, el diálogo, el consenso y la auténtica convicción de que un país grande se hace entre todos, y no con unos pocos.
La autora es diputada nacional por Juntos por el Cambio